Vale la pena no solo informarnos a través de los medios y canales masivos...Existen también otras fuentes, que llamaríamos Primarias, porque recogen las voces de los actores que directamente viven las situaciones del conflicto en el país: indígenas, campesinos, niños, niñas, jóvenes... Vale la pena escucharlos y pensarnos...
La región del Catatumbo (Norte de Santander) ha sido una de las más golpeadas por la reciente violencia social y política en Colombia. Se calcula que allí, durante los últimos 10 años, hubo al menos 5 mil muertos y 40 mil víctimas del desplazamiento forzado por esa causa.
La primera incursión de grupos paramilitares se produjo en 1999, en los municipios La Gabarra (mayo 29 y agosto 21 de 1999) y Tibú (julio 17 de 1999), en Norte de Santander. Posteriormente, en 2001 y 2002, el paramilitarismo se expandió hacia el medio y alto Catatumbo, ampliando con su avance el número de víctimas. De esta época es especialmente recordada la destrucción del corregimiento de Filo Gringo, debido a la magnitud de la tragedia ocasionada.
La proporción y la multiplicidad de los crímenes en relación con la población del Catatumbo, como el profundo impacto de los mismos, evidencia que el conjunto de las comunidades de la región fueron afectadas por la estela de muerte, impactando en todas sus condiciones de vida: sicológicas, económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.
Hoy los catatumberos y catatumberas, esperan saber la verdad sobre quiénes estuvieron detrás de esas transgresiones; esperan castigo para los victimarios y también una reparación integral por el ultraje a su dignidad humana. Pero pese a su dolor, los nativos de esta zona lograron sobreponerse a los recuerdos de terror y se propusieron recuperar su tejido social como capacidad de exigencia para el restablecimiento de sus derechos.
Es así como en ese contexto se han generado diversas dinámicas organizativas de las víctimas, como el proceso de reconstrucción de la memoria en los municipios de Tibú y El Tarra, del cual surgió la Asociación para la Memoria y la Dignidad de las Víctimas del Catatumbo AMEDIVIC o la conformación de una docena de asociaciones de desplazados en la zona media y alta del Catatumbo, agrupadas en la Mesa Provincial de Ocaña.
Estas organizaciones, junto con las movilizaciones en contra de las ejecuciones extrajudiciales, el debate sobre la ley de victimas, la Audiencia Ciudadana por la Verdad, las galerías de la memoria, los festivales por la vida, y otras acciones, configuran hoy un movimiento regional de víctimas impulsado desde procesos de integración regional como el CISCA, ASCAMCAT y ASOCBARI.
Varias organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales y regionales, hemos creído necesario no dejar pasar en vano los diez años de las masacres ocurridas en Tibú y La Gabarra, y que marcaron el inicio de la mayor victimización que ha soportado el Catatumbo en toda su historia.
Es por ello que con el propósito de rememorar tales hechos y ofrecerles un homenaje a las víctimas, con el ánimo de restaurar su dignidad y fortalecer sus reclamos de verdad, justicia y reparación integral, estamos ahora promoviendo la Campaña "Mira al Catatumbo. Sus Víctimas: un río de memoria y dignidad".
Las amenazas del presente
Además de la impunidad en que se encuentran las masacres y demás hechos de terror que produjeron la victimización de las comunidades, el Catatumbo presenta hoy una grave situación de derechos humanos en el que se enlazan diversos factores generadores de violencia. Es por esta otra razón que la campaña adquiere validez, en tanto busca responder también a la necesidad de acompañar las expresiones ciudadanas de rechazo a los promotores del nuevo escenario de espanto.
Sólo en el año 2007 el Catatumbo registró cerca de 35 casos de campesinos ejecutados extrajudicialmente, fenómeno que se hizo más evidente el año pasado cuando fue denunciada la muerte en similares circunstancias, de los jóvenes de Soacha trasladados con engaños a la ciudad de Ocaña. A estos hechos se suman otra serie de abusos de la Fuerza Pública, por la intensificación de las operaciones represivas en contra de los cultivos ilícitos.
Luego de la desmovilización del bloque paramilitar, han resurgido expresiones de estos grupos en el Catatumbo, en gran medida al servicio de las redes del narcotráfico, pero que igualmente empiezan a conjugarse con los intereses de los sectores económicos y políticos que se proyectan en la región, los que han aportado a crear un nuevo clima de zozobra, especialmente en los municipios de Ocaña, Tibú y Cúcuta. Igualmente las acciones de los grupos guerrilleros han afectado la vida de la población catatumbera, presentándose amenazas, asesinatos y desplazamientos. Los jóvenes constituyen el grupo social más afectado por todas estas violencias que afectan al Catatumbo.
El contexto toma signos de repetición con respecto a lo sucedido desde 1999 a 2005, en la medida que también están involucrados grandes intereses económicos, como los proyectos de reactivación de la explotación petrolera, los de cultivos agroexportadores de Palma Africana y, sobretodo, los de extracción de carbón y otros minerales no energéticos. El atropello al territorio y la cultura Barí, además de los conflictos sociales, económicos y ambiéntales que esta intervención genera, todo aunado a la privatización del patrimonio relacionado con el abastecimiento de agua, están planteando un escenario de agresiones donde la población del Catatumbo es de nuevo estigmatizada y victimizada.
El conflicto en el Cauca, la indignación de los Indígenas, de la población Afro, el conflicto en la zona del Catatumbo, las experiencias de discriminación de jóvenes, niños, ancianos, su abandono por parte del Estado, ... no son vivencias aisladas de la situación social, económica y política
